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Dos bancos tendrán que devolver más de 300.000 euros a once personas que compraron casas en Almacelles que no se hicieron

  • ACN
Actualizada 03/12/2019 a las 16:58

El Tribunal Supremo considera que el Banco Sabadell y el BBVA conocían que los ingresos de los afectados eran para comprar las viviendas unifamiliares

El Tribunal Supremo ha condenado al Banco Sabadell y al BBVA a devolver el dinero a once personas que pagaron a través de estas entidades 304.242,12 euros entre 2005 y 2006 para una promoción de casas en Almacelles (Segrià) que finalmente no se hicieron. La promotora hizo un concurso voluntario de acreedores el 30 de julio de 2008. El Supremo ha aceptado el recurso presentado por los once afectados, representados por el abogado Enric Rubio, después de que el juzgado de primera instancia 4 de Lleida desestimara la demanda de los afectados y la Audiencia lo aceptara sólo en parte. Tal como ha explicado Rubio, los responsables son las entidades en que los afectados ingresaron el dinero, ya que no exigieron a la promotora-constructora un aval o un seguro que garantizara el retorno del dinero caso de no poder entregarse las casas, por el motivo que fuera.

El Supremo concluye que ha quedado demostrado que las entidades conocían o tenían que conocer que en la cuenta del promotor se estaban haciendo ingresos de los afectados para comprar las casas ya que era el mismo en el que se pagaba el préstamo hipotecario concedido para pagar la promoción de viviendas. En la sentencia del 29 de noviembre de 2019, el Supremo condena al Banco Sabadell a devolver a las familias afectadas 152.698,12 euros y al BBVA 151.544 euros, el total de los 304.242,12 que los afectados adelantaron para la compra de las casas.

Habitatges Roure-Arnó S. L. inició en 2005 una promoción de viviendas unifamiliares en Almacelles, financiada por Caixa d'Estalvis del Penedès (después Banco Sabadell), que concedió un préstamo hipotecario en una cuenta donde se fueron ingresando pagos de los compradores de las casas. Las familias afectadas también hicieron pagos en la cuenta que la promotora tenía en Caixa Cataluña (ahora BBVA) entre 2005 y 2006 y firmaron los contratos de compra-venta. En ellos figuraba que las obras acabarían el 30 de mayo de 2007, pero las casas nunca se acabaron de construir y no se devolvió el dinero a los afectados.

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