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El Govern confina por decreto ante el veto judicial y la Fiscalía lo ve ilegal

Actualizada 14/07/2020 a las 09:54

El Govern aprobó anoche el marco legal para llevar a cabo su pretendido confinamiento de Lleida y 7 municipios del Baix Segre evitando el veto judicial, pero la Fiscalía ya advirtió que esa norma es ilegal. Mientras toma vigencia el decreto ley aprobado anoche, la Generalitat quiere que los leridanos respeten sus recomendaciones de confinamiento.

Un moment del Consell Executiu extraordinari d’ahir a la nit per donar cobertura legal al confinament de Lleida.

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© Una momento del Consell Executiu extraordinario de anoche para dar cobertura legal al confinamiento de Lleida.

JORDI BETMAR/DEPARTAENT DE PRESIDÈNCIA

El Govern aprobó anoche un decreto ley con el que pretende dar cobertura al confinamiento de Lleida y 7 municipios del Baix Segre anunciado el domingo evitando el veto judicial, aunque la Fiscalía advirtió ayer que ese decreto también sería ilegal porque la Generalitat no puede restringir derechos fundamentales, ya que eso solo lo puede hacer el gobierno central vía estado de alarma y con el correspondiente aval del Congreso. La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, dijo anoche, tras la celebración del Consell Executiu extraordinario para dar cobertura legal a las decisiones anunciadas el domingo, que la Generalitat pide a los 160.000 vecinos de Lleida y de los otros 7 municipios del Segrià afectados que sigan las recomendaciones mientras el decreto ley, que permitirá imponer restricciones en caso de rebrotes, todavía no tome vigencia, algo que calculaba que podría ocurrir hoy por la mañana o a primera hora de la tarde. Habrá que ver, cuando eso ocurra, si se repite el proceso judicial del pasado domingo, que comenzó con un recurso de la Fiscalía y finalizó con un auto de la jueza de guardia de Lleida desautorizando a la Generalitat porque, según ella, no tiene competencias para adoptar estas medidas. Mientras, sigue la incertidumbre legal para los leridanos afectados. La Generalitat entiende que la legislación sanitaria le faculta para tomar medidas como las anunciadas el domingo para garantizar la salud pública en casos de rebrote. La Fiscalía, por el contrario, entiende que la restricción de un derecho fundamental como la libertad de circulación debe tener el aval del estado de alarma y del Congreso (ver desglose), que es también la posición de la juez de guardia de Lleida que desautorizó el confinamiento, como avanzó ayer este diario. La Moncloa, por su parte, avanzó ayer que no ve motivos para aplicar un estado de alarma parcial en el Segrià aunque lo pidiera el Govern de la Generalitat, ya que la administración autonómica tiene otras vías. Pedro Sánchez dijo ayer que Lleida puede adoptar diversas medidas que no pasan por el confinamiento domiciliario para atajar los brotes.

El fiscal: “Un decreto ley no puede decidir sobre derechos fundamentales”
La Fiscalía Provincial de Lleida alertó ayer, horas antes de que la Generalitat aprobara un decreto para llevar a cabo el confinamiento domiciliario en Lleida y otros siete municipios del Segrià, que esta medida sería ilegal porque la Constitución señala que un decreto ley no puede decidir sobre derechos fundamentales de la ciudadanía, que en este caso sería la libertad de circulación. En este sentido, recordó que el artículo 86 de la Carta Magna señala que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general”. Asimismo, el Ministerio Público también se basa en que el decreto ley planteado por la Generalitat contradice lo establecido por el Estatut de Catalunya. En este sentido, señala el artículo 64 del mismo, que también determina que un decreto ley no puede afectar a los derechos y libertades de la ciudadanía. La Fiscalía advirtió ayer que cualquier ciudadano afectado por el decreto ley de confinamiento podría recurrirlo ante el Tribunal Constitucional por ser inconstitucional.

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