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DESDE EL CANYERET
  • CELESTÍ POL
Abogado 

Conflictos de incompetencia

Actualizada 15/05/2019 a las 09:47
Conflictes d’incompetència

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© Conflictes d'incompetència

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Mirando atrás, podemos recordar el interés inusitado tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo por atribuirse la competencia para instruir la causa y posteriormente dirigir el juicio del proceso. Ya se escribió mucho sobre el hecho de que la Audiencia Nacional, por medio de un auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal del día 2 de diciembre de 2008, consideró que no era competente para conocer los delitos de rebelión (en aquel caso se discutía sobre el acto de rebelión más importante que ha sufrido este país, el alzamiento contra la República). También se escribió mucho sobre el sorprendente cambio de criterio tanto de la propia Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo y del Ministerio Fiscal con el fin de atribuir esta competencia a los dos primeros para juzgar el proceso catalán.

La coincidencia de varios periodos electorales con el juicio del proceso ha provocado situaciones complejas desde el punto de vista jurídico y, especialmente, desde el punto de vista procesal. Y nuevamente nos encontramos ante conflictos de competencias. Pero resulta que actualmente parece ser que ninguno de los tribunales implicados tenga especial interés en entrar a resolver las cuestiones que se plantean.

Primero, se discutió cuál tenía que ser la entidad competente para determinar si los candidatos a las elecciones generales que al mismo tiempo son acusados podían o no participar en la campaña electoral de forma activa. En aquellos momentos, la competencia estaba discutida entre la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo. Hace unas semanas, también se debatía cuál era el tribunal competente para conocer el recurso presentado por Puigdemont contra la decisión de la Junta Electoral Central de no admitir su candidatura. Después de un paseo por el Tribunal Supremo, la causa acabó en el Juzgado Contencioso Administrativo. Ayer supimos que la Junta Electoral Central denegó que Junqueras pudiera participar en el debate electoral que había organizado TV3 con los candidatos catalanes a las elecciones en el Parlamento Europeo. Esta decisión se ha fundamentado en las alegaciones presentadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Respecto de este último caso, podemos decir que resulta chocante que sea una administración quien ha acabado determinando cómo se tiene que ejercer el derecho de sufragio pasivo y que este, que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución española, haya acabado sometido al mantenimiento de los horarios y del régimen de un centro penitenciario.

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