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DESDE EL CANYERET
  • SIMEÓ MIQUEL

Una sentencia política, dictada por un tribunal politizado, en un juicio político

Actualizada 15/10/2019 a las 09:51
Una sentència política, dictada per un tribunal polititzat, en un judici polític

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© Una sentència política, dictada per un tribunal polititzat, en un judici polític

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No puedo recomendar al lector que haga el esfuerzo de leer los 500 folios de la sentencia dictada ayer por el TS. Francamente, no vale la pena. Ni siquiera, y eso todavía es más grave, en aquellos que quieran mejorar sus conocimientos jurídicos y piensen que el tribunal más alto del sistema jurisdiccional español se habrá querido lucir en una sentencia como esta. Tampoco se lo vale. Les puedo recomendar la lectura de sentencias de la Audiencia de Lleida, que les hará mucho más provecho. Esta sentencia es un artefacto documental que pretende castigar la conducta de los políticos y dirigentes sociales, pero evitando condenar por rebelión, por miedo de la posible censura de la justicia europea. A pesar del escarnio que el estado hizo del tribunal “provincial” de Schleswig-Holstein, cuando decidió no aceptar la euroorden por rebelión, ahora resulta que todo un Tribunal Supremo no se atreve a condenar por este delito porque teme que Estrasburgo opine lo mismo. ¿Y, si no hay rebelión, como no hay, tal como la mayoría de penalistas han considerado, por falta de la violencia necesaria, qué tendría que haber hecho un tribunal imparcial?

Pues absolver y condenar, si de caso, por desobediencia. Pero eso es impensable en el caso de este tribunal, que ha asumido como tarea propia la defensa de la unidad de la patria. Por este motivo, en primer lugar, mantiene la existencia de violencia contra toda lógica, para que no sea dicho. Y, acto seguido, para no tener que castigar por rebelión, se inventa el concepto de sedición basado en el supuesto engaño de los políticos encausados sobre la población para hacerles creer en un camino hacia la independencia que, según el tribunal, era inexistente. ¿Suponiendo que fuera cierto, alguien puede encontrar normal, salvo sus señorías, que por este engaño se impongan penas de 9 a 13 años?


Llevo casi toda la vida reivindicando que el derecho es, por encima de todo, sentido común. Eso ni es sentido común ni es derecho: es el intento de imponer penas parecidas a las de la rebelión por otro camino y, si lo pensamos bien, absurdo. Lo absurdo también se pone de relieve si tenemos en cuenta que esta construcción artificial se ve obligada también a responsabilizar los dirigentes de Òmnium y l’ANC, que no eran políticos, y también todas las personas que participaron en las movilizaciones del 2017, como coautores de los “tumultos” que dieron lugar a la sedición. Claro está que eso pone en entredicho la esencia del derecho de manifestación, pero hace posible el resultado político que la sentencia persigue, que poco tiene que ver con derecho y justicia.

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