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EDITORIAL
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El déficit de mataderos de Lleida

Actualizada 27/08/2019 a las 09:23
Las comarcas de Lleida se mantienen como líderes indiscutibles en el Estado en la producción de ganado porcino, pero el sector sigue cojo en la transformación y buena parte de la cabaña tiene que acabar en camiones para su traslado a otras demarcaciones para el sacrificio. En concreto, las granjas de Lleida cuentan con un censo estimado de 4,362 millones de animales, pero el balance de sacrificios en los mataderos leridanos apenas alcanza los 2,378 millones. De hecho, las provincias de Girona y Barcelona cuadruplican las matanzas de Ponent, según los datos que acaba de hacer públicos el ministerio de Agricultura. El sector cárnico de Lleida ni siquiera aparece en el podio de mataderos, que completa Zaragoza, y se sitúa séptimo tras Salamanca, Málaga y Cuenca. Ya hace muchos años que los productores reclaman a la administración un gran matadero que equilibre el desfase entre crianza y matanza y en la época del conseller de Agricultura Joaquim Llena el proyecto tomó un cierto impulso, aunque volvió poco después al ostracismo, sea por falta de voluntad política, de medios económicos o porque algunas de las grandes empresas ya invierten en sus instalaciones. Es el caso de BonÀrea en la Closa de Guissona y muy pronto en la población aragonesa de Épila, los grupos Jorge, en Mollerussa, y el de Pini, en Binéfar, este último en fase de pruebas para su macromatadero, en el que prevé sacrificar 3 millones de cerdos al año, más que en toda la provincia de Lleida, donde el gigante del porcino, Vall Companys, no ha apostado por un matadero propio. Esta falta de instalaciones de sacrificio cuesta a los productores más de 7 millones de euros al año, cifra que ya de por sí indica la necesidad de volver a activar el matadero que Lleida reclama y necesita.
Una protesta que arrecia
Es urgente el encuentro de la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, con los afectados por el gran incendio del Ebro porque las protestas de Segrià y Les Garrigues cada vez son más numerosas y el Govern no puede escudarse en un consenso político y sindical para las ayudas que niegan sus propios protagonistas.
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